El Senado de Kazajistán aprobó una ley enfocada en mejorar los derechos de las mujeres y la seguridad de los niños. La legislación ahora espera la firma del presidente Kassym-Jomart Tokayev. Esto marca un hito importante en la protección de las poblaciones vulnerables a la violencia doméstica. Impulsadas por las innumerables mujeres que soportan graves sufrimientos en las relaciones familiares, encontrándose a menudo atrapadas sin salida. Trágicamente, no fue hasta el violento asesinato de Saltanat Nukenova, quien fue asesinada a golpes por su marido en un restaurante, para impulsar al gobierno a actuar. En honor a su memoria y para resaltar los graves problemas que están en juego, los activistas han acertadamente nombrado esta legislación #LeySaltanat. 

Saltanat Nukenova con Kuandyk Bishimbayev

 

Detalles de la Ley de Violencia Doméstica de Kazajistán 

La ley propone medidas integrales para combatir la violencia. Incluye provisiones para aumentar las penas por delitos, prevenir los suicidios, reforzar las instituciones familiares y mejorar la supervisión de las escuelas internadas. Los cambios clave incluyen cambiar la respuesta legal a los golpes y daños menores a responsabilidad penal, con posibles multas, servicio comunitario o arresto. Medidas adicionales exigen que los agresores domésticos se sometan a una evaluación psicológica y, en casos extremos, se le impondrán separación de sus víctimas. 

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Mejores Protecciones y Nuevas Disposiciones 

La ley introduce castigos más severos para delitos graves, incluyendo hasta 600 horas de servicio comunitario o tres años de prisión por violación, y cadena perpetua por pedofilia y asesinato de menores. También toma en cuenta la incitación al suicidio, aumentando las penas si la víctima es menor de edad. 

Además, la ley aborda el problema de la propaganda suicida, imponiendo multas a los infractores y penas de prisión si dicha propaganda conduce al suicidio. También establece sanciones administrativas por acoso y exige multas para los padres o tutores que no garanticen la seguridad de los menores. El acoso sexual y el secuestro de menores de 16 años conllevan a serias consecuencias legales. 

Antecedentes y respuesta pública 

A raíz del trágico asesinato de Saltanat Nukenova, surgió la demanda publica exigiendo leyes más estrictas contra la violencia doméstica. El caso representa el gran problema de violencia doméstica en el país, y ha catalizado el impulso para un cambio legislativo significativo. Sin embargo, el camino hacia la reforma estuvo plagado de controversias y oposición. En particular, de grupos como la “Unión de Padres de Kazajistán”. Argumentaron que las medidas propuestas podrían conducir a la eliminación injusta de la patria potestad. A pesar de estos desafíos, el presidente del Senado, Maulen Ashimbaev, trató de asegurar al público que el objetivo de la ley no era restringir indiscriminadamente la autoridad parental. 

El esfuerzo legislativo para contra la violencia doméstica cobró impulso con más de 5.000 llamamientos públicos. También hubo iniciativas impulsadas por organizaciones de derechos como el Fondo Público Erkindik Kanaty. Con manifestaciones en ciudades como Berlín y Messina, Sicilia, también se materializó el apoyo internacional, honrando a Nukenova y pidiendo reformas legales. 

La intersección de la violencia doméstica y el poder político 

El caso de Kuandyk Bishimbayev, exministro y asesino convicto de Nukenova, demuestra la gran necesidad de esta legislación. Bishimbayev, quien obligó a Nukenova a firmar un “contrato de obediencia”, representa la cruda realidad del abuso enmascarado por alianzas políticas y familiares. 

La atroz violencia cometida contra Nukenova y la subsecuente batalla legal encabezada por su hermano demuestran no sólo la tragedia personal de la familia Nukenova, sino también el problema de abuso doméstico en la sociedad mezclado con maquinaciones políticas. Este panorama de matrimonios políticos y la posibilidad de extralimitaciones gubernamentales ha provocado un fuerte debate en torno al proyecto de ley, enfatizando la importancia de una legislación cuidadosamente elaborada que proteja a las víctimas y al mismo tiempo impida que sea usada de forma indebida. 


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