Andrea Montserrat Ramos Gómez, la joven agredida en el Hospital Reforma, ha dado un paso valiente al exigir justicia tras un brutal ataque perpetrado por María Elena Ríos, su hermana Silvia Ríos y guardaespaldas financiados con recursos públicos. El incidente del 19 de diciembre ha provocado indignación pública, no solo por su brutalidad, sino también por la evidente hipocresía y el mal uso de los recursos públicos asociados a las acciones de Ríos.

La agresión en el Hospital Reforma

Montserrat vivió una experiencia aterradora. Sufrió lesiones físicas, con marcas en el rostro y cuerpo, mientras sus atacantes destruyeron su teléfono y la arrastraron por la fuerza fuera del hospital. Las cámaras de seguridad captaron a Elena Ríos arrancándole la ropa interior a Andrea, un acto flagrante de violencia sexual que ninguna circunstancia puede justificar. Andrea ya presentó una denuncia penal contra Elena Ríos, Silvia Ríos y los guardias federales involucrados, expresando temor por su vida y responsabilizando a Ríos de cualquier daño futuro.

En su declaración de impacto como víctima, Montserrat habló del trauma sufrido y cuestionó por qué nadie intervino para ayudarla. Preguntó: “¿Qué habría pasado si me hubieran llevado en su camioneta?”. Su valentía al enfrentarse a agresores políticamente conectados destaca las fallas sistémicas que dejan a las víctimas vulnerables en México.

La defensa de Las Brujas del Mar a Ríos: Una traición a los principios feministas

Las Brujas del Mar, un colectivo feminista prominente en México, están bajo fuego por defender a Ríos tras las acusaciones de agresión física y sexual contra Andrea. Aunque el grupo es conocido por defender los derechos de las mujeres, su defensa selectiva revela contradicciones evidentes que socavan los principios feministas que dicen apoyar.

Cabe destacar que Las Brujas del Mar han sido acusadas de transfobia en múltiples ocasiones. El colectivo presionó anteriormente para eliminar un artículo de la periodista trans Láurel Miranda y ha enfrentado críticas por su postura excluyente hacia personas LGBTQ+. Estas acusaciones se alinean con críticas más amplias de que su feminismo está limitado a grupos específicos, a menudo privilegiados.

Además, han surgido preocupantes acusaciones sobre los vínculos del grupo con Javier Lozano Alarcón, miembro de la organización de extrema derecha El Yunque. El hijo de Lozano, acusado de abuso sexual, supuestamente recibió su apoyo, un patrón que se repite en su defensa de la YouTuber mexicana Yoseline Hoffman. Hoffman, conocida como YosStop, admitió haber almacenado y distribuido un video de la agresión sexual de una menor de 16 años, pero recibió respaldo público de Las Brujas del Mar.

Al defender a Ríos, el grupo extiende su historial de proteger a personas acusadas de violencia o mala conducta. Ríos, quien afirma ser activista feminista, está acusada no solo de agredir físicamente a Andrea, sino también de orquestar un ataque humillante y sexualizado. A pesar de la evidencia en video, Las Brujas del Mar han justificado las acciones de Ríos, presentándola como una víctima perpetua.

Hipocresía y doble moral en la defensa de Ríos

Ríos ha intentado presentar a Montserrat como la agresora, citando supuestas provocaciones previas y vinculándola con afiliaciones políticas. Sin embargo, su defensa carece de credibilidad. ¿Alguien justificaría el ataque con ácido contra Ríos señalando su supuesto romance con un hombre casado? Un político casado, nada menos. Por supuesto que no, y con razón. Ser víctima no otorga impunidad para perpetuar violencia, especialmente cuando se utilizan recursos financiados con impuestos.

Imagen de Elena Ríos señalando con su dedo mientras declara que Andrea Montserrat Ramos Gómez, a quien presuntamente agredió con ayuda de su hermana, es la verdadera agresora; la cita menciona su conexión con Jóvenes MORENA.

Elena afirma que su ataque contra Montserrat está justificado, argumentando que Montserrat tiene vínculos con el abogado de su presunto agresor y con el partido Morena, citando fotos como prueba. Sin embargo, con el mismo razonamiento, las propias acciones de Elena podrían ser objeto de un escrutinio similar. Ha aparecido repetidamente en fotos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asistido a varios eventos con la presidenta y se desempeña como diputada suplente dentro del partido Morena.

El uso de guardaespaldas de Ríos, financiados con fondos públicos, para llevar a cabo esta agresión plantea una pregunta preocupante: ¿los recursos públicos deben proteger a las víctimas o habilitar a los agresores? El gobierno pagó los gastos médicos de Ríos tras su ataque con ácido, un testimonio de su apoyo a las víctimas de violencia. Ahora, como diputada suplente de Morena, Ríos utiliza su plataforma política y su equipo de seguridad para incitar la violencia en un hospital, interrumpiendo al personal, a los pacientes y las operaciones.

Historia documentada de violencia

Este no es el primer caso en el que Ríos y su familia enfrentan acusaciones de violencia:

  • 5 de junio de 2012: Caso n.º LI 1007/HL/2012

    Isabel Oliva Martínez Romero denunció a Ríos Ortiz y a su hermana Silvia ante el Ministerio Público de la Agencia Local en Huajuapan de León, Oaxaca. Según su denuncia, la habían agredido el día anterior, dejándola con heridas graves.

  • 7 de abril de 2013: Caso n.º LI 606/HL/2013

    Las autoridades abrieron una investigación por un “ataque en pandilla agravado” presuntamente perpetrado por la saxofonista y miembros de su familia contra Gonzalo Martínez Soriano y sus familiares.

  • 2015: Caso n.º 1411/HL/2015

    El hermano de Ríos, Carlos Ríos Ortiz, apuñaló fatalmente a un joven de 18 años, lo que llevó a la excomunión de la familia de Santo Domingo Tonalá.


El caso de Andrea Montserrat Ramos Gómez es el más reciente en este preocupante patrón de violencia, que expone el uso indebido sistemático del poder y los recursos públicos por parte de la familia Ríos.

La Controversia de la Ley Malena y su Conexión con el Caso de Montserrat

La controversia en torno a la Ley Malena demuestra cómo Ríos ha utilizado su posición privilegiada para eclipsar a otras sobrevivientes y beneficiarse del favoritismo político. Sus estrechos vínculos con Morena le han permitido monopolizar un movimiento construido sobre el dolor y la lucha de muchas otras mujeres. Este favoritismo le ha otorgado impunidad para violar los derechos de otras mujeres, mientras se presenta como una defensora de las sobrevivientes.

El caso de Andrea Montserrat Ramos Gómez es un claro ejemplo de esta injusticia. Mientras que María Elena Ríos ha recibido atención mediática, respaldo político y privilegios exclusivos, Montserrat ha enfrentado silencio y ridículo. Otras mujeres que se han pronunciado en contra de Ríos han sufrido descalificación, culpabilización y silenciamiento público debido a la falta de conexiones políticas o leyes especiales nombradas en su honor.

La elevación de Ríos como un activo político por parte de Morena la ha envalentonado para actuar sin rendir cuentas. La decisión de renombrar la Ley Ácida como Ley Malena—sin consultar a otras sobrevivientes—muestra cómo su narrativa ha sido utilizada para servir intereses políticos en lugar de avanzar en la lucha colectiva por la justicia. Sobrevivientes como Carmen Sánchez, quienes han pasado años abogando por el reconocimiento y el castigo de los ataques con ácido, fueron ignoradas en favor de centrar la atención en Ríos. Este borrado refleja el silenciamiento que enfrenta Andrea mientras busca justicia contra una figura políticamente conectada.

Silencio Mediático y Debate Público

La mayoría de los medios mexicanos se han centrado en las protestas de Ríos contra su presunto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, mientras ignoran la victimización de Andrea Montserrat. Este enfoque selectivo presenta a Ríos como una víctima perpetua, silenciando al mismo tiempo la solicitud de justicia de Montserrat. La narrativa mediática, amplificada por el estatus político de Ríos, ofrece una visión incompleta que omite su historial de agresión.

Andrea Montserrat Ramos Gómez merece justicia, no silencio. Su valentía al presentar una denuncia contra una figura políticamente poderosa destaca su determinación por responsabilizar a sus agresores. Mientras tanto, las acciones de María Elena Ríos—y la defensa que le brindan colectivos como Las Brujas del Mar—socavan los mismos principios de justicia e igualdad que dicen defender.

El incidente en el Hospital Reforma exige transparencia y rendición de cuentas. Las organizaciones feministas, los líderes políticos y los medios de comunicación deben reflexionar sobre sus dobles estándares. La justicia no puede ser selectiva. Debe servir a todas las mujeres, incluidas aquellas como Montserrat, que enfrentan violencia y opresión a manos de quienes afirman protegerlas.

Discover more from Feminegra

Subscribe to get the latest posts sent to your email.